La conciencia es el juez natural del ser humano y el conocimiento de uno mismo. La conciencia conoce nuestras acciones, buenas o malas y, el 99,99 % de quienes integran el poder judicial en nuestro país no tienen conciencia, sentido propio de una persona de bien, de una persona honesta y con principios morales y éticos. Jueces y fiscales son simplemente delincuentes que responden a los intereses de las mafias políticas que nos gobiernan y también son mercaderes que venden sus fallos al mejor postor sin tener en consideración en ningún momento la inocencia o culpabilidad del individuo; sus resoluciones se basan en el dinero.
Las atrocidades que han cometido con sus ilegales o vendidos fallos nos pasa factura al pueblo ecuatoriano; somos testigos mudos y cómplices de las aberraciones jurídicas de jueces y fiscales al ver como delincuentes que han atentado contra 17 millones de ecuatorianos gozan de la libertad y protección del poder judicial. Ocles, Granda, los asesinos del general Gabela, de Fausto Valdivieso, de Quinto Pazmiño y esposa, caminan tranquilamente por las calles de nuestras ciudades. Caminan protegidos por la impunidad que les otorgan las mafias políticas a través del aparato de justicia ecuatoriano al cual controlan.
Es hora de exigir que la corrupción en el sistema judicial, impuesta por las mafias políticas, termine. Corrupción que suprime la posibilidad de que jueces y fiscales actúen con independencia e imparcialidad. Exigir que la elección de jueces y fiscales sea transparente en la cual participen los mejores profesionales del derecho y no asalariados de las mafias políticas. No debemos permitir que los tribunales de justicias resuelvan los litigios en base a sobornos o tráfico de influencias y, que sus fallos estén aplicado en base a lo que establece la Constitución y las leyes. Los efecto de la corrupción judicial socava el Estado constitucional de Derecho, hace ineficaz la democracia, distorsiona la economía y trastoca el orden de valores de la sociedad.
